El derecho empresarial es el conjunto de normas que regulan la actividad de las empresas: su forma jurídica, la relación entre sus socios y sus órganos de gobierno, los contratos que celebran con clientes y proveedores, y las operaciones que las transforman, las unen o las extinguen. Reúne el derecho societario y el derecho mercantil, y se apoya en el Código Civil para las reglas generales de los contratos. En el Perú su norma central es la Ley General de Sociedades, Ley 26887; la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada se rige por el Decreto Ley 21621, y una parte del Código de Comercio de 1902 sigue vigente.
Está presente desde el primer día de un negocio: al elegir la forma societaria, al redactar el estatuto, al firmar con un proveedor o al nombrar a un gerente. Y vuelve a ser decisivo cuando los socios discrepan, cuando entra un inversor, cuando dos empresas se fusionan o cuando un cliente no paga. En Pasquel Bustamante Abogados es una de nuestras áreas de práctica: atendemos encargos concretos y también ofrecemos asesoría corporativa permanente a empresas que no tienen un área legal propia. Atendemos casos en todo el Perú, con experiencia consolidada en Lima, Arequipa y Trujillo.
Cobertura nacional
Estos son los asuntos que abarca el área y los que atendemos con más frecuencia. En cada uno encontrará una explicación breve y una página para profundizar.
Una sociedad nace con una escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, y adquiere personalidad jurídica cuando se inscribe en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. Antes conviene reservar el nombre, definir el objeto social y acreditar los aportes. Tras la inscripción, la empresa obtiene su RUC ante la Sunat y puede empezar a operar y a facturar.
La forma jurídica decide cuántos socios puede haber, cómo se transmite la participación de cada uno y qué órganos gobiernan la empresa. La S.A.C. admite hasta veinte accionistas y puede prescindir de directorio; la S.R.L., hasta veinte socios, con un capital dividido en participaciones que no son acciones. La E.I.R.L. no es una sociedad: tiene un solo titular, que es siempre una persona natural.
El capital fija lo que los socios se comprometen a aportar y mide su peso en las decisiones. Aumentarlo, reducirlo o admitir a un socio nuevo exige un acuerdo de junta, modificar el estatuto e inscribir el cambio. La transferencia de acciones se anota en el libro de matrícula de acciones; la de participaciones de una S.R.L. requiere escritura pública e inscripción en el registro.
Las decisiones importantes de una sociedad se toman en junta: aprobar los estados financieros, nombrar a los directores, modificar el estatuto o aprobar una fusión. Para que el acuerdo sea válido, la junta debe convocarse con la anticipación que fija la ley, alcanzar el quórum y la mayoría exigidos y constar en un acta. Un error de forma puede permitir que un socio impugne el acuerdo.
Compraventa mercantil, suministro, distribución, prestación de servicios, confidencialidad o franquicia: son los contratos que sostienen la actividad diaria de una empresa. Muchos no están regulados por una ley específica, así que lo que no se pacte se rige por las reglas generales del Código Civil. Conviene dejar por escrito las penalidades, la forma de terminar el contrato y si los conflictos irán a un juez o a un arbitraje.
La Ley General de Sociedades permite cambiar la forma de una sociedad (transformación), unir dos o más en una (fusión) o separar parte de su patrimonio en otra (escisión). Cada operación exige un proyecto aprobado por las juntas, avisos públicos, escritura e inscripción, y los acreedores pueden oponerse si ven en riesgo su crédito. Cuando el negocio termina, la disolución y la liquidación permiten cerrarlo en orden.
El nombramiento de gerentes y directores, los poderes, los aumentos de capital y las modificaciones del estatuto se inscriben en la partida de la empresa en el Registro de Personas Jurídicas. Una partida al día es lo que permite acreditar, con un certificado de vigencia de poder, quién representa a la empresa ante bancos, notarías y entidades públicas, y con qué facultades.
Los desacuerdos sobre la gestión, el reparto de utilidades o la salida de un socio son frecuentes, sobre todo en las empresas familiares. La ley prevé herramientas para resolverlos: la impugnación de acuerdos de junta, el derecho de separación del socio que no está de acuerdo con ciertas decisiones y, en la S.R.L., la exclusión del socio que incumple. Muchas veces la mejor salida es negociada.
Una factura impaga o un cliente que no cumple afectan a la caja de cualquier empresa. Si la deuda consta en un título valor, como una letra de cambio, un pagaré o una factura negociable, puede cobrarse por un proceso de ejecución, más rápido que un juicio ordinario. Antes conviene intentar la cobranza extrajudicial y revisar que el título no haya prescrito.
En una sociedad, cada decisión corresponde a un órgano distinto. Saber quién puede decidir qué evita acuerdos nulos, poderes discutidos y conflictos entre socios. Estas son las cuatro piezas del gobierno de una empresa:
Es el órgano supremo de la sociedad. Reúne a los accionistas o socios y decide los asuntos de mayor peso: aprobar las cuentas y el reparto de utilidades, nombrar y remover a los directores, modificar el estatuto, aumentar o reducir el capital y aprobar fusiones, escisiones o la disolución. Sus acuerdos obligan a todos los socios, incluso a los que no asistieron o votaron en contra.
Es un órgano colegiado elegido por la junta, que gestiona la sociedad y la representa en lo que no corresponda a la junta. Es obligatorio en la sociedad anónima ordinaria; en la S.A.C. el estatuto puede prescindir de él, y entonces sus funciones pasan al gerente general. La S.R.L. no tiene directorio. Los directores responden por los acuerdos contrarios a la ley o al estatuto.
El gerente ejecuta los acuerdos y dirige la empresa en el día a día: firma contratos, abre cuentas, contrata personal y representa a la sociedad ante terceros, con las facultades que le den el estatuto y sus poderes. Lo nombra el directorio o, si no lo hay, la junta. Responde ante la sociedad, los socios y terceros por los daños que cause con dolo, abuso de facultades o negligencia grave.
Lo que deciden la junta y el directorio solo surte efectos frente a terceros cuando se inscribe en la partida de la sociedad, en la Sunarp. Por eso un banco o una notaría piden la vigencia de poder del gerente antes de aceptar su firma. Un nombramiento o una revocación sin inscribir es una de las causas más comunes de problemas con la representación de una empresa.
El área está a cargo de abogados con práctica diaria ante la Sunarp, las notarías, la Sunat, Indecopi, los juzgados y los tribunales arbitrales. Consulte sus perfiles o acceda al directorio para conocer al resto del equipo.
La mayoría de los conflictos societarios nacen de algo que no se decidió al principio. Antes de firmar la escritura de constitución, conviene dejar resueltas cuatro cuestiones:
Si va a emprender solo, puede elegir una E.I.R.L. o una sociedad con un único accionista; si hay varios socios, una S.A.C. o una S.R.L. La diferencia está en cómo se transmiten las participaciones, en qué órganos tendrá la empresa y en lo fácil que será, más adelante, admitir a un inversor. Cambiar de forma después es posible, pero exige una transformación.
Los aportes pueden ser en dinero o en bienes, y cada uno se acredita de forma distinta: el dinero, con el depósito en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad; los bienes, con su descripción y valorización en la escritura. Defina también qué pasa si un socio no paga lo que se comprometió a aportar.
Decida quién será el gerente, si habrá directorio y qué puede hacer cada uno sin consultar a la junta. Unos poderes demasiado amplios exponen a la empresa; unos demasiado cortos la paralizan, porque cada operación exigirá una junta. Conviene fijar límites claros para vender bienes, endeudarse o firmar contratos por encima de cierto importe.
El estatuto puede regular qué ocurre si un socio quiere vender su parte, si fallece o si deja de colaborar: derechos de adquisición preferente, valorización de las acciones o participaciones y causas de exclusión. También puede incluir un convenio arbitral para que las disputas entre socios se resuelvan fuera del Poder Judicial.
La confianza de nuestros clientes es una parte esencial de nuestro trabajo. Estas son algunas de sus experiencias con nuestro equipo.
Cliente verificado
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Me acompañaron en la constitución de mi S.A.C. desde la minuta hasta la inscripción en Registros Públicos y la obtención del RUC. Todo el proceso fue ordenado, claro y más rápido de lo que esperaba. Recomiendo a su equipo por la seriedad y el acompañamiento cercano en cada paso.
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Teníamos un conflicto entre socios que parecía sin salida. El equipo de Pasquel Bustamante planteó una estrategia clara, negoció con la otra parte y llegamos a una solución ordenada sin necesidad de un proceso largo. Destaco su criterio y su transparencia durante todo el caso.
Cliente verificado
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Contraté su asesoría para revisar los contratos comerciales de mi empresa antes de cerrar una operación importante. Detectaron riesgos que yo no había visto y ajustaron las cláusulas a tiempo. Su enfoque preventivo me dio mucha tranquilidad. Los recomiendo plenamente.
Respondemos las dudas más habituales sobre cómo funciona una sociedad, qué responsabilidad tienen sus socios y administradores y qué hacer cuando hay que reorganizarla o cerrarla.
Son nombres que se solapan. El derecho mercantil o comercial es la rama clásica que regula los actos de comercio y a los comerciantes. El derecho societario se ocupa de las sociedades: cómo se constituyen, cómo se gobiernan y cómo se reorganizan. El derecho empresarial es la denominación más amplia y práctica: reúne ambas y añade lo que una empresa necesita en su día a día, como los contratos, los poderes, las inscripciones y el cobro de sus créditos.
Una sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, según el artículo 6 de la Ley General de Sociedades, y la conserva hasta que se inscribe su extinción. Firmar la escritura no basta. Quienes contratan en nombre de la sociedad antes de que se inscriba responden personal y solidariamente por esos actos, salvo que la sociedad, ya inscrita, los ratifique.
Por regla general, no. En la sociedad anónima, la S.A.C. y la S.R.L., los socios no responden personalmente por las deudas sociales, y en la E.I.R.L. el titular responde solo con el patrimonio de la empresa. Hay excepciones: quienes actúan en nombre de la sociedad antes de inscribirla, los directores y gerentes que causan daños con dolo, abuso de facultades o negligencia grave y, en casos de fraude, los socios que usan la empresa para eludir sus propias obligaciones.
Pueden impugnarse los acuerdos contrarios a la ley o al estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio de algunos socios. Puede hacerlo el socio que dejó constancia de su oposición en el acta, el que no asistió o el que fue privado ilegítimamente de su voto. Los plazos son cortos: dos meses desde el acuerdo si el socio asistió a la junta y tres meses si no asistió; si el acuerdo es inscribible, un mes desde su inscripción.
Es un certificado de la Sunarp que acredita que el nombramiento de un gerente, director o apoderado está inscrito y no ha sido revocado, y con qué facultades. Lo piden los bancos, las notarías y muchas entidades públicas antes de aceptar la firma de un representante. Por eso, cada vez que la empresa nombra o remueve a un gerente u otorga un poder, conviene inscribirlo cuanto antes.
En la fusión, la sociedad absorbente o la nueva sociedad recibe en bloque el patrimonio de las que se extinguen: sus bienes, sus deudas y, por regla general, sus contratos. No hace falta transferirlos uno por uno. Para proteger a los acreedores, el acuerdo de fusión se publica y estos pueden oponerse durante un plazo si su crédito no está suficientemente garantizado; mientras se resuelve la oposición, la ejecución de la fusión queda en suspenso.
En tres pasos. Primero, la junta acuerda la disolución por alguna de las causas que prevé la ley o el estatuto, y la sociedad entra en liquidación. Después, los liquidadores venden los bienes, cobran los créditos y pagan las deudas, y reparten entre los socios lo que quede. Por último, se inscribe la extinción en el registro. Si las deudas superan al patrimonio, el cierre ordenado pasa por un procedimiento concursal ante Indecopi.
Antes de decidir, mejor que después: antes de constituir la empresa, de firmar un contrato importante, de admitir a un socio o de comprar otra empresa. Conviene consultar también cuando surge un conflicto entre socios, cuando un acuerdo de junta le perjudica, cuando un cliente deja de pagar o cuando hay que reorganizar o cerrar el negocio. Si quiere saber cómo trabajamos estos casos, visite la página de nuestra asesoría legal para empresas.
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