Comprender los bienes propios y bienes sociales en el matrimonio es esencial para toda pareja que desee proteger su patrimonio y tomar decisiones informadas dentro de su vida conyugal. Este tema tiene relevancia jurídica y práctica, pues determina qué pertenece individualmente a cada cónyuge y qué forma parte de la comunidad económica que surge con el matrimonio. En el Perú, el Código Civil establece reglas claras sobre la adquisición, administración y disposición de estos bienes. Conocerlas evita conflictos, protege derechos y garantiza la seguridad jurídica de ambos cónyuges dentro del régimen matrimonial. Matrimonio y patrimonio Cuando hablamos de matrimonio solemos imaginar un proyecto de vida en común, donde las personas comparten no solo afecto, sino también esfuerzos, expectativas y recursos. Sin embargo, el Derecho no se limita a regular emociones: también ordena los efectos patrimoniales de esta unión. Así lo dispone el artículo 295 del Código Civil, que reconoce dos regímenes: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. En la práctica, salvo pacto en contrario, rige el primero, que funciona como una comunidad económica. Dentro de este régimen surge una cuestión esencial: cómo distinguir los bienes propios y bienes sociales en el matrimonio. Esta diferencia puede definir la validez de un contrato, el éxito de un proceso judicial o incluso el destino de un patrimonio familiar. Bienes propios en el matrimonio El artículo 302 del Código Civil detalla los bienes que permanecen bajo propiedad exclusiva de cada cónyuge. Se consideran bienes propios aquellos que cada uno aporta al matrimonio, los adquiridos por causa anterior o los recibidos por herencia o donación. También se incluyen las indemnizaciones por accidentes, los seguros de vida o salud (deducidas las primas pagadas con bienes sociales) y los derechos de autor e inventor. Asimismo, son bienes propios los instrumentos o útiles necesarios para el ejercicio profesional, siempre que no sean accesorios de una empresa social. También las acciones o participaciones distribuidas gratuitamente por revaluación del patrimonio, las rentas vitalicias constituidas a título gratuito y los bienes ligados a la persona, como ropa, diplomas o condecoraciones. Aunque el matrimonio crea una comunidad patrimonial, el Derecho protege una esfera de individualidad. Este principio mantiene el equilibrio entre lo individual y lo común dentro de los bienes propios y bienes sociales en el matrimonio. Bienes sociales en el matrimonio El artículo 310 del Código Civil dispone que todo lo adquirido a título oneroso durante el matrimonio es social, salvo prueba en contrario. También lo son los frutos de los bienes, los sueldos y honorarios de cada cónyuge y las construcciones realizadas con dinero común. Este principio refleja la justicia material que inspira a los bienes propios y bienes sociales en el matrimonio, al reconocer que lo construido con esfuerzo conjunto pertenece a ambos. Dentro del régimen de sociedad de gananciales, la regla general señala que todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario (art. 311.1 CC). Por eso, la calificación de un bien exige revisar lo que establecen los artículos 302 y 310. Si persiste la duda, la presunción favorece a la sociedad conyugal. La Casación 361-2016-Tacna reafirma que esta presunción tiene carácter de orden público y no puede ser desconocida por sentencias ni por inscripciones registrales. Incluso si un bien figura a nombre de uno solo de los cónyuges, se presume social salvo prueba fehaciente. Administración conjunta Los bienes propios son gestionados libremente por su titular (art. 313 CC), pero los bienes sociales exigen actuación conjunta. El artículo 315 CC establece que, para vender, hipotecar o gravar un bien social, se necesita el consentimiento de ambos cónyuges. Esta regla asegura una gestión equitativa dentro de los bienes propios y bienes sociales en el matrimonio. El VIII Pleno Casatorio Civil (Casación N.º 3006-2015, Junín) determinó que los actos de disposición unilateral de bienes sociales son nulos de pleno derecho, pues contravienen una norma imperativa (art. 219 CC). Así, la venta de un inmueble social por un solo cónyuge carece de efectos desde su origen, incluso si se inscribe en Registros Públicos. Imaginemos a José que, sin el consentimiento de María, vende la vivienda adquirida durante el matrimonio. Aunque el contrato se inscriba, no nace un derecho válido, pues el acto nunca se perfeccionó jurídicamente. Este principio protege la estabilidad del patrimonio familiar y garantiza la legalidad de los actos sobre bienes sociales. Conclusión El régimen de sociedad de gananciales representa un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Los bienes propios (art. 302 CC) aseguran que cada cónyuge conserve lo estrictamente personal, mientras que los bienes sociales (art. 310 CC) reconocen el valor de la vida en común. La presunción de socialidad (art. 311 CC) y la coparticipación en los actos de disposición (art. 315 CC) protegen tanto a los cónyuges como al tráfico jurídico. En última instancia, el Derecho busca responder a una pregunta central: ¿qué es mío, qué es tuyo y qué es nuestro? En esa respuesta se consolida la base legal y moral del patrimonio conyugal. ¿Te interesa este tema? Continúa leyendo más contenido relacionado en nuestra sección de Derecho Civil.

⠀ Fundamento legal y alcance del artículo 898 del Código Civil Una de las figuras más singulares y a la vez más debatidas dentro de los procesos de prescripción adquisitiva en el derecho civil peruano es la denominada «suma de plazos posesorios». Bajo esta figura, consagrada en el en el artículo 898 del Código Civil, se habilita al poseedor actual de un bien a adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente la posesión.  El artículo 898 establece que: “El poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien”. Esta norma, lejos de cerrar el tema, ha generado distintas hipótesis doctrinales en torno a qué debe entenderse por “validez”. En primer lugar, se halla la postura contractualista, que exige un acto jurídico válido como requisito ineludible. Principales posturas doctrinales sobre la suma de plazos posesorios Desde esta perspectiva, el acto de transmisión, como una compraventa, donación o permuta, debe estar exento de vicios y cumplir con los requisitos sustanciales. Esta visión, aunque coherente con una lógica formalista, excluye muchos casos reales. Esto ocurre especialmente en zonas donde los traspasos se realizan con documentos informales o incluso de manera verbal. Una segunda postura, inspirada en el derecho comparado, como los códigos civiles de España o Italia, admite la suma incluso si el acto fue nulo, siempre que se haya producido la entrega efectiva de la posesión. Bajo este enfoque, lo importante no es tanto el contrato en sí, sino que el poseedor haya recibido efectivamente el bien y lo haya mantenido con animus domini, es decir, con la intención de ser propietario.  Una tercera tesis va aún más lejos, pues considera que lo relevante no es el título ni su validez jurídica, sino la posesión continua y homogénea. Si existe entrega del bien y la persona que lo recibe mantiene la posesión sin interrupciones, la suma debería permitirse. Esto aplica independientemente de si hubo o no contrato. Este enfoque prioriza la realidad social por encima del formalismo legal. Respecto a la doctrina nacional ha oscilado entre estas posturas. Jiménez Salas, por ejemplo, alerta sobre la confusión semántica entre “suma” y “accesión” posesoria, y sugiere hablar de “unión” o “continuidad”, destacando que cada posesión es un hecho autónomo que, para ser sumado, debe mantener homogeneidad, es decir, tener la misma naturaleza.  Por ejemplo, no puede sumarse el tiempo de un arrendatario con el de un poseedor como propietario, ni una posesión de buena fe con otra de mala fe si se pretende usar el plazo corto de prescripción. Jurisprudencia y requisitos para la aplicación de la figura En cuanto a la jurisprudencia, la Corte Suprema ha mantenido un criterio mayormente restrictivo. En la Casación N.º 3012-2015-Lambayeque se negó la suma de plazos posesorios porque la demandante no probó haber recibido la posesión como propietaria. La Corte indicó que la posesión fue como arrendataria o simple ocupante, lo que rompe la homogeneidad exigida. Este requisito está previsto en el artículo 898 del Código Civil. De forma similar, en la Casación N.º 2930-2017-Amazonas, se rechazó la suma porque el contrato base estaba judicialmente impugnado por presunta falsedad. Esa impugnación impide considerarlo un título válido para efectos posesorios. Por su parte, en la Casación N.º 2162-2014-Ucayali, la Corte reafirmó que la posesión no se hereda como si fuera un bien patrimonial. Negó su transmisión por sucesión, lo que contrasta con legislaciones como la española, específicamente el artículo 440 del Código Civil. En cuanto a los requisitos para que proceda la suma de plazos posesorios, se requiere: Conclusión Así, la suma de plazos posesorios no debe concebirse como una excepción, sino como una manifestación del principio de realidad y del reconocimiento progresivo de derechos. Sobre todo, en el Perú, donde millones de personas han accedido a un predio sin título, pero con posesión prolongada, la ley debe servir para consolidar la justicia material y no para proteger la rigidez del papel.  Si deseas conocer más sobre nuestros blogs y publicaciones legales, presiona aquí.

En el Perú, convivir sin casarse resulta normal y da lugar a lo que jurídicamente se conoce como unión de hecho. Muchas parejas, por razones económicas, emocionales o prácticas, optan por construir su vida en común al margen del registro civil. Esta realidad, lejos de ser marginal, refleja una transformación profunda en la manera como entendemos los vínculos afectivos y patrimoniales. Frente a ello, el legislador consciente de que estas uniones generan compromisos reales y comunidades de vida duraderas, incorporó al ordenamiento la figura de la unión de hecho como una institución jurídica con efectos concretos, aunque más limitados que los del matrimonio civil. Así, tanto el artículo 5 de la Constitución como el artículo 326 del Código Civil reconocen que la unión de hecho puede dar lugar a un régimen patrimonial semejante al de la sociedad de gananciales. En otras palabras, los bienes adquiridos durante la convivencia pueden considerarse comunes y sujetarse a partición, siempre que se cumplan ciertos requisitos esenciales. Requisitos y reconocimiento de la unión de hecho en Perú No obstante, a diferencia del matrimonio, esta figura no se presume, es decir, el solo hecho de haber convivido no basta para que surta efectos jurídicos. Se exige una declaración expresa, que puede obtenerse por la vía notarial, cuando existe acuerdo entre ambos convivientes y estos están vivos, o por la vía judicial, en supuestos de desacuerdo, fallecimiento de uno de ellos o la necesidad de acreditar la unión en procesos sucesorios o de división de patrimonio. Ahora, para que proceda esa formalización se exige más que cohabitar; implica probar un proyecto de vida conjunto, la inexistencia de impedimentos matrimoniales y una relación estable, afectiva y económicamente interdependiente. Solo entonces el derecho admite que esa unión merezca protección y consecuencias legales. Los problemas empiezan cuando esa formalización no se realiza a tiempo, por ejemplo, es común que uno de los convivientes fallezca sin haber registrado la unión, y que el otro, a pesar de haber compartido años de vida, se vea legalmente desprotegido. Sin el reconocimiento expreso, no accede a la herencia, a la pensión de sobrevivencia ni a los bienes adquiridos durante la convivencia. En esos casos, no queda más que acudir al Poder Judicial. El conviviente supérstite debe iniciar un proceso para obtener el reconocimiento de la unión. Y no basta con decir que vivieron juntos, sino que se exige probar la relación con medios concreto tales como fotografías, testimonios, cuentas compartidas, recibos, entre otros.  Esto, en la práctica, no siempre resulta fácil. Muchas veces, los testigos ya no están disponibles, los documentos son escasos o los bienes figuran exclusivamente a nombre del conviviente fallecido. La justicia, en estos supuestos, se vuelve más exigente. Problemas comunes y casos reales sobre la unión de hecho Pensemos en el caso de Javier y Milagros. Compartieron más de diez años de vida, criaron dos hijos y adquirieron juntos un departamento. Sin embargo, Javier nunca formalizó su divorcio con su anterior esposa, con quien no tenía relación desde hacía décadas. Esa omisión, que parecía inofensiva, terminó por dejar a Milagros fuera del marco legal. Tras la muerte de Javier, Milagros no pudo acceder a su fondo de pensiones ni heredar el inmueble que habían adquirido. Primero, porque no había un reconocimiento formal de la unión. Y segundo, porque Javier seguía casado legalmente, lo que constituye un impedimento para validar la unión de hecho. Así, una vida compartida quedó jurídicamente desdibujada. Frente a estas situaciones, la jurisprudencia ha buscado marcar ciertas pautas. En la Casación N.º 1425-2020-Lima, por ejemplo, la Corte Suprema fue enfática al señalar que no basta con compartir techo, sino que se necesita demostrar una relación estable, con afecto, apoyo mutuo y objetivos comunes, tal como lo exige un proyecto de vida auténticamente compartido. Prevención y recomendaciones prácticas Esto implica que las pruebas no pueden limitarse a la simple cohabitación. El juez debe verificar si existió una unión personal, económica y emocional que justifique el reconocimiento legal. Por ello, toda fotografía, declaración o recibo cobra sentido, no como formalidad, sino como huella de una vida construida en común. Si ambos convivientes están vivos y de acuerdo, el camino más breve y menos costoso es acudir al notario. Una declaración jurada acompañada de pruebas mínimas basta para obtener el reconocimiento, convirtiéndose en un trámite rápido, seguro y eficaz para quienes desean formalizar sin dilaciones. Distinto es el caso cuando uno de los convivientes ha fallecido o hay desacuerdo: en esas circunstancias, la única opción es el proceso judicial. Aquí la prueba adquiere un rol determinante, pues el solicitante deberá convencer al juez no solo de la convivencia, sino también de su exclusividad, estabilidad y proyección mutua. Prevención y recomendaciones prácticas Este escenario se presenta con frecuencia en conflictos patrimoniales. Imaginemos a Rosa, quien convivió con su pareja durante quince años, tiempo en el que adquirieron una casa y un negocio familiar. Tras la muerte de él, los hijos del fallecido negaron la relación y sostuvieron que todo lo había comprado solo. Rosa, entonces, debía acreditar la existencia de la unión y su aporte al patrimonio para no quedar excluida. De ser admitida la demanda, el juez puede ordenar la partición de bienes conforme al régimen de sociedad de gananciales, reconociendo a la demandante la mitad del valor de los bienes adquiridos durante la convivencia, salvo que tengan origen anterior a la relación o provengan de herencias o donaciones personales. Por eso, la recomendación siempre será la prevención: registrar la unión de hecho cuando ambos están vivos y de acuerdo protege a futuro. También resulta aconsejable dejar pactos patrimoniales o testamentos que expresen la voluntad sobre los bienes, lo cual otorga seguridad jurídica y evita conflictos posteriores. Pactos patrimoniales y separación de bienes en la unión de hecho Algunas parejas incluso optan por un régimen de separación de patrimonios. Este acuerdo debe constar expresamente, pero permite conservar independencia económica sin renunciar al reconocimiento de la unión. En suma, la unión de hecho no es una relación informal carente de

¿Puede una omisión en un procedimiento de sucesión intestada configurar un delito? En principio, parecería que no. Después de todo, omitir no es mentir, y el Derecho Penal, como bien sabemos, no castiga el simple silencio, sino el silencio doloso. Sin embargo, cuando ese silencio busca la exclusión de herederos en la sucesión intestada, y se inserta en un documento público con la intención de beneficiarse de ello, el sistema jurídico deja de ser neutral. Es entonces cuando el silencio puede convertirse en falsedad ideológica. Conviene recordar que la sucesión intestada es el mecanismo legal que determina quiénes son los herederos de una persona fallecida sin testamento. Según el Código Civil peruano, en su artículo 724, existe un orden establecido e inmodificable de sucesión. Primero los hijos y el cónyuge, luego los padres, los hermanos, y así sucesivamente. Estos son los llamados “herederos forzosos”, quienes no pueden ser excluidos salvo por causa legal expresa. El procedimiento puede tramitarse por vía notarial o judicial. Esto dependerá de si existe o no controversia entre los posibles herederos. En ambos casos, la sucesión intestada tiene efectos jurídicos importantes. Permite inscribir la transferencia patrimonial en los Registros Públicos, legitima actos de disposición sobre los bienes y puede cerrar la puerta a quienes no fueron considerados. Consecuencias penales de la exclusión de herederos en la sucesión intestada Si alguien solicita una sucesión intestada y omite mencionar —con conocimiento— a otros herederos, no es un error ni un descuido. Es una conducta activa en apariencia pasiva. Al declarar solo a ciertos herederos y lograr que se les reconozca, está afirmando implícitamente que no existen otros. Y si esto no es cierto, el acto no solo es inválido. Podría constituir una infracción penal. El artículo 428 del Código Penal sanciona a quien inserta o hace insertar una declaración falsa en un documento público. Esto se aplica si se busca hacerlo pasar como verdadero. Se requiere dolo, por supuesto, pero también intención de generar efectos jurídicos. Así lo entendió la Corte Suprema en la Casación 1722-2018/Puno. Esta sentencia afirma que el solicitante de una sucesión intestada tiene un deber de veracidad. Debe ser veraz frente al notario, al Registro y, sobre todo, ante los demás herederos. Si conoce a otros legitimados y no los menciona, su silencio es una manifestación falsa. Esta conducta puede lesionar la fe pública y configurar falsedad ideológica. Pero ¿qué pasa si la omisión no es dolosa, sino por desconocimiento real? ¿Qué ocurre si el solicitante publicó los edictos legales y no tuvo noticia de otros herederos? En ese caso, no se configura el tipo penal. Falta el elemento esencial del dolo. Sin embargo, eso no significa que el acto quede incólume. Desde el plano civil, el heredero omitido mantiene su derecho. Puede acudir al Poder Judicial e interponer la acción de petición de herencia. Esta acción está prevista en los artículos 664 y 815 del Código Civil. Le permitirá reclamar su cuota hereditaria, solicitar la restitución de bienes o impugnar actos. Esto es válido si prueba que el adquirente actuó de mala fe. ¿Cuándo el caso pasa del plano civil al penal? Si la exclusión se hizo con pleno conocimiento de los otros herederos, la responsabilidad no queda solo en lo civil. Se abre la posibilidad de iniciar una investigación penal por falsedad ideológica. También podría presentarse una demanda por enriquecimiento indebido. En casos graves, se podría solicitar una declaración de indignidad sucesoria. Aunque esta figura aún necesita más desarrollo jurisprudencial y doctrinal. La clave es distinguir entre la omisión por ignorancia y la omisión deliberada. En el primer caso, la solución es patrimonial y busca reparar el daño. En el segundo, el sistema jurídico debe responder con firmeza. Porque no es un simple error procesal, sino una estrategia encubierta. Su fin es despojar a otros herederos de sus derechos. Y ante eso, el Derecho Penal no puede quedar al margen. Conclusión En definitiva, tramitar una sucesión intestada no es un trámite registral cualquiera. Es una declaración de verdad ante el Estado, la familia y la memoria del causante. Quien silencia con intención, omite para excluir y se escuda en formalidades, legitima un despojo. No solo quiebra el equilibrio del derecho sucesorio. También transgrede los límites éticos que sostienen la fe pública. Si el derecho no reacciona, el silencio deja de ser omisión: se convierte en complicidad. ¿Te interesa este tema? Explora más contenido especializado en nuestra sección de Derecho de Familia.

En la vida cotidiana abundan escenarios donde el vínculo con un bien no nace de una escritura pública ni de una inscripción registral, sino de una relación prolongada, pacífica y evidente con el bien. El derecho peruano, reconociendo esta realidad social, en donde el uso constante de un predio termina por fundar una expectativa legítima, ha previsto una figura que convierte ese hecho sostenido en el tiempo en un derecho consolidado que es la prescripción adquisitiva. Así, a través de este mecanismo, quien ha poseído como propietario durante un determinado periodo y bajo condiciones específicas puede obtener la titularidad del bien inmueble. Pero, ¿cuándo se configura esta figura jurídica? ¿Qué diferencia una simple ocupación de una posesión con vocación de dominio? Y, sobre todo, ¿cuáles son los requisitos que la ley exige para que el paso del tiempo no solo erosione una propiedad formalmente inactiva, sino que cree una nueva en términos jurídicos? Requisitos y plazos legales según el Código Civil El punto de partida está en el artículo 950 del Código Civil, que distingue dos regímenes temporales: cinco años para quien posee con justo título y buena fe, y diez años para quien carece de ambos elementos. Esta diferencia no es solo cronológica, sino cualitativa, pues traza la línea entre quien ha ingresado al bien con una apariencia de legalidad y quien lo ha hecho sin ningún respaldo documental, pero con la conducta prolongada del verdadero titular. Veamos, por ejemplo, el caso de Lucero, quien vive desde hace doce años en la casa que le dejó su padre, sin haber hecho la sucesión intestada. No tiene título, pero paga tributos, cuida el inmueble y es vista como propietaria por su comunidad. Aunque no es dueña formal, si prueba que su posesión fue pacífica, continua, pública y con ánimo de dominio, puede iniciar una prescripción adquisitiva. El derecho no premia la informalidad, pero sí protege la posesión constante ejercida de buena fe. Sin embargo, poseer no siempre es suficiente. La jurisprudencia ha señalado que no toda permanencia permite prescribir. En la Casación N.º 3246-2015-Lima, la Corte Suprema aclaró que la posesión por tolerancia —cuando el dueño permite ocupar el bien sin querer cederlo— no genera prescripción. Es decir, quien ocupa con permiso no tiene el ánimo de dueño necesario para adquirir la propiedad.  ¿Se puede acumular el tiempo de posesión de varias personas? Ahora bien, la ley también admite que los años de posesión de distintos ocupantes puedan acumularse, siempre que exista una transmisión válida de la posesión y que todos los involucrados hayan actuado como verdaderos propietarios, tal como lo señala el artículo 898 del Código Civil. Sin embargo, dicha acumulación no es automática, sino que requiere que todos los que hayan ejercido la posesión lo hayan hecho de manera continua, Otro elemento esencial, que suele subestimarse, es la necesidad de individualizar con precisión el bien que se pretende prescribir. La ley no admite adquisiciones sobre bienes genéricos, vagos o indeterminados. Por esta razón, el Tribunal Registral exige la presentación de planos perimétricos, memorias descriptivas y demás documentos que delimiten con claridad el objeto del derecho. No se trata de formalismos innecesarios, sino de condiciones mínimas para garantizar seguridad jurídica y evitar futuros conflictos. ¿Se puede prescribir propiedad del Estado? Tampoco puede dejarse de lado la naturaleza del bien. Si se trata de propiedad estatal, hay que distinguir entre dos tipos. Los bienes de dominio público, como calles, ríos o plazas, son imprescriptibles.En cambio, los bienes del dominio privado del Estado sí pueden adquirirse por prescripción, si no están destinados a una función pública. Esta diferencia ha sido reafirmada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Registral. No todo bien estatal está fuera del alcance del poseedor. Respecto al procedimiento, la prescripción adquisitiva puede tramitarse por vía judicial, notarial o administrativa. La vía judicial es más flexible con las pruebas y se sigue mediante proceso abreviado, según el artículo 486 del Código Procesal Civil. La vía notarial, regulada por el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, exige mayores requisitos técnicos, como planos visados, pruebas de posesión, declaración jurada del solicitante y notificación a colindantes y autoridades. La elección dependerá del tipo de prueba disponible y de si hay o no oposición. Finalmente, conviene recordar que la declaración de prescripción no es automática. Es el resultado de un proceso probatorio riguroso y bien documentado. No basta con decir “he vivido aquí veinte años”. Es necesario demostrarlo con recibos, pagos, mejoras, fotos, testimonios o cercos construidos. Todo acto que muestre una relación real y continua con el bien será clave para acreditar la posesión. El juez o notario, según la vía elegida, evaluará si el tiempo y la conducta justifican consolidar el derecho. Conclusión En definitiva, prescribir no es solo vivir en un lugar. Es demostrar una relación legítima con el bien y ejercerla con ánimo de dueño. Como dice César Landa, la prescripción adquisitiva convierte una realidad sostenida en un derecho, siempre que se cumplan las condiciones legales. El tiempo no solo pasa, también puede dar origen a la propiedad, pero no basta con tener la razón: hay que probarla.

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